(Fuente: El Nuevo Día)
Aunque Puerto Rico recibe barcos internacionales todo el tiempo, la ley federal impide su uso cuando se trata de transportar mercancías o el muy necesitado diésel desde Estados Unidos.
Cada cierto tiempo, una crisis de abastos en Puerto Rico o un desastre natural trae, de nuevo, a la discusión pública, las limitaciones impuestas hace más de un siglo en torno a qué barcos y desde qué destinos pueden llegar a los puertos de la isla.
La Ley de la Marina Mercante, mejor conocida como la Ley Jones de 1920, obliga a que el transporte de productos entre puertos estadounidenses se haga en barcos de propiedad, bandera y tripulación estadounidenses, considerados los más caros del mundo. Es decir, todos los bienes transportados entre puertos en el continente -incluso, desde Hawai o Alaska- y Puerto Rico deben viajar a bordo de barcos que, además de ser propiedad estadounidense, hayan sido construidos en Estados Unidos y registrados con la bandera de ese país y ser tripulados, mayormente, por ciudadanos estadounidenses.
Nótese que esta ley federal es distinta a aquella también aprobada a principios del siglo pasado y que concedió la ciudadanía estadounidense a todos los nacidos en Puerto Rico.
Previo a esto, la Ley Foraker de 1900 impuso normas de cabotaje a Puerto Rico, que controlaban la transportación marítima entre Estados Unidos y su nueva posesión en el Caribe.
Bajo esta ley federal, a Puerto Rico pueden llegar -y frecuentemente, atracan- barcos de banderas internacionales provenientes de otros países.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que controla las dispensas o relevos bajo la Ley Jones, las exenciones a las normas de cabotaje se otorgan en asuntos referentes a la “defensa nacional” estadounidense y usualmente, a solicitud del Pentágono y la industria naviera.
En el 2017, luego del paso del huracán María se concedió a Puerto Rico una exención de la ley de cabotaje para agilizar el transporte marítimo de equipos o bienes que pudieran necesitarse luego del desastre natural. La exención, de unos 10 días, fue utilizada por 10 embarcaciones, según datos de la Administración Marítima de Estados Unidos (Marad, en inglés).
Puerto Rico es el único territorio estadounidense, donde la Ley Jones de 1920 aplica de manera completa, excepto para los cruceros turísticos. Guam tiene una exención parcial de dicho estatuto. En Islas Vírgenes estadounidenses, Islas Marianas y Samoa Americana no se aplica el estatuto federal.
Oficialmente, para el gobierno federal, el uso exclusivo de barcos de bandera y tripulación estadounidense entre sus puertos es un tema de seguridad y defensa nacional. Las autoridades de la isla y la industria privada, por años, ha reclamado su derogación por entender que la Ley Jones encarece las operaciones y el costo de los bienes que llegan a la isla, un asunto que el estatuto federal no toma en consideración.
En 2019, la firma Advantage Business Consulting (ABC), del economista Vicente Feliciano, concluyó que transportar mercancía en barcos estadounidenses cuesta 151% más de lo que cuesta hacerlo en buques internacionales. Esto, según explicó el economista en ese entonces, es similar a un impuesto de cabotaje de 7.2%, equivalente a un costo de $300 por hogar o $107 “por persona solamente en alimentos y bebidas”.
En ese mismo año, un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) apuntó que la derogación de las normas de cabotaje pudiera tener un impacto positivo para la economía estadounidense de entre $19,000 millones y $64,000 millones.
En julio pasado, cuando la AEE también abogaba por una exención a las leyes de cabotaje para importar gas natural a la isla y así contener el precio de la electricidad en Puerto Rico, los analistas del Instituto Cato, Colin Grabow y Alfredo Carrillo Obregón destacaron que mientras en los pasados años, la República Dominicana se ha beneficiado de la compra de gas natural a Estados Unidos, el territorio estadounidense paga la electricidad más cara por causa de la controversial ley federal.
(www.endi.com, lunes, 26 de septiembre de 2022)
