(Fuente: El Vocero)
La solicitud oficial al Congreso de Estados Unidos sería de cara a la próxima sesión a mitad de noviembre.
El gobernador Pedro Pierluisi se propone acudir al Congreso para solicitar una mayor flexibilidad en las leyes de cabotaje para que se permita la importación de gas natural o combustibles más fácilmente cuando el traslado no sea de bandera estadounidense.
La petición -adelantó- se haría bajo el argumento de que se trata de un asunto de seguridad para la Isla. Además, coincide con el planteamiento que hizo LUMA Energy la semana pasada ante el Negociado de Energía de que el mantenimiento de las plantas generatrices se atrasará tras el paso de Fiona y eso aumenta el riesgo de apagones.
“Yo voy a estar comunicándome con el liderato congresional para exhortarlos que se promulgue legislación específica para concedernos un mecanismo de dispensa para traer combustible a Puerto Rico cuando no hay embarcaciones de bandera americana disponibles para hacerlo. Sería una dispensa discreta. Y lo digo así porque conozco el Congreso y sé que la dispensa que les pido que legislen más allá de eso no va a arrancar de primera base”, afirmó en un aparte con medios de prensa tras participar de un foro para el sector privado de inversión financiera.
Precisamente, el domingo por la noche el presidente Joe Biden y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aprobaron una segunda solicitud de dispensa a la Ley Jones para permitir el descargue de gas natural de una barcaza proveniente de República Dominicana.
El mandatario dijo a través de sus redes sociales que habían solicitado la aprobación expedita para asegurar la continuidad de las operaciones de generación de la empresa EcoEléctrica que se había quedado sin el reabastecimiento del combustible debido a los daños que sufrió el terminal de trasbordo con el paso del huracán Fiona. En horas de la tarde, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunció que los trámites comerciales y técnicos se completaron y que el buque debía llegar anoche al terminal de la generadora privada.
“Eso es positivo porque ahí lo que pasa es que hubo una avería en el muelle que utiliza EcoEléctrica para recibir el gas natural y cuando venía la barcaza que le asiste, que la suple regularmente, no pudo atracar y esto causó este disloque. Pero ahora con esta dispensa que recibimos esta nueva barcaza debe ya estar allí atracando y proveyendo el gas natural que nos falta”, señaló el gobernador.
Una fuente de EL VOCERO confirmó la información el domingo por la noche. La fuente indicó además que esta no es la barcaza que siempre llega por contrato. Se espera que con la entrada de este buque, la AEE aumente la generación disponible y en reserva.
La petición oficial del gobierno sería de cara a la próxima sesión que empieza a mitad de noviembre, luego de las elecciones de medio término.
“Es cuestión de legislarlo bien. El Congreso ahora mismo no está legislando. Están en receso. Ellos retoman el 14 o 15 de noviembre así que mi solicitud debe llegarles antes de esa fecha”, destacó Pierluisi.
A finales de septiembre, otra barcaza con 307,000 barriles de diésel se mantuvo a cuatro millas naúticas al sur de Guayanilla en espera de una autorización para suplir el combustible en momentos en que empezaba a disminuir su disponibilidad por aumento en el consumo y había problemas para el transporte en todo el País.
Esa fue la primera solicitud del gobierno de Pierluisi a raíz del paso del huracán y el gobierno estadounidense también la aprobó.
Reaccionan a petición
Por su parte, el presidente del Senado y del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, recordó que tras el paso del huracán María en 2017 hubo un espacio de siete días para excepciones a las leyes de cabotaje y es posible que se pueda volver a considerar. Además, afirmó estar disponible para ir a cabildear al Congreso junto al gobernador si fuera necesario.
Según Dalmau, siempre “es bueno” ver cómo el gobernador utiliza los poderes del Estado Libre Asociado en beneficio de los puertorriqueños y aunque se plantea que es precisamente por esa relación que la Isla está sujeta a las disposiciones de la Ley Jones, para Dalmau, es todo lo contrario.
“Yo espero que pueda volver a considerarse como algo que sea viable a largo plazo para beneficiar nuestra economía. En un momento donde el mundo entero tiene diferentes problemas relacionados con la guerra de Ucrania y Rusia, los costos de los productos que -a nosotros por ser isla siempre serán por encima de los estados- es una manera de considerar que se flexibilicen esas leyes y que nos permitan beneficiarnos y que bueno que se hace reconociendo los beneficios que tiene nuestra relación política”, indicó en entrevista.
El presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, calificó la intención como “un paso tímido” pero en la dirección correcta.
“La aspiración debe ser que se exima totalmente a Puerto Rico de las leyes de cabotaje. El gobernador parte de la premisa que eso no se puede lograr en el Congreso. Yo creo que la batalla que no se da es una batalla que no se gana”, indicó por medio de declaraciones escritas.
“Múltiples sectores de economistas, junto al PIP, llevan hace mucho tiempo planteando los altos costos al consumidor del uso de la marina mercante estadounidense, que es la más cara del mundo. Eso va más allá del combustible y el diésel”, enfatizó.
Mientras el representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez, señaló que las leyes de cabotaje le cuestan a Puerto Rico $1,000 millones al año en agregado y aumenta el costo de vida en la Isla.
“Claro que apoyo una exención para Puerto Rico de la Ley Jones. A su vez, hay que reconocer que el problema de la dependencia en combustibles fósiles no es solo la Ley Jones, sino también la lentitud en nuestra transición hacia energías renovables. El sol sale todos los días y no hay que importarlo de ningún país. ¿Por qué entonces seguimos dependiendo de barcazas de gas licuado para abastecer nuestra demanda energética? Tenemos que caminar y masticar chicle a la vez en este tema. Es decir, solicitar la exención de la Ley Jones sin retrasar la transición a renovables”, declaró.
Mientras, el integrante de la Junta de Directores del Centro Unido de Detallistas y expresidente de la organización, Jorge Argüelles, lamentó que se confunda el análisis sobre las ventajas de eliminar las leyes de cabotaje con ser antiestadounidense. Señaló que es “inaudito” que se adquiera combustibles, a veces de lugares lejanos, cuando se podría traer desde alguna de las muchas refinerías en Texas a un menor costo, toda vez que las barcazas de bandera estadounidense actuales no pueden transportarlos.
“Somos una isla en la que se importa el 85% de todo lo que se consume. Es increíble que productos que pudiéramos estar comprándole a nuestra nación, si es que nos consideramos parte, podríamos conseguirlos y a menor costo... Por supuesto que debe aprobarse la eliminación de esas leyes”, afirmó al tiempo en que estimó que los costos se triplican debido a las restricciones que impone el estatuto.
Al cierre de esta edición la comisionada residente Jenniffer González no estuvo disponible para reaccionar.
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